Este jueves, la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha iniciado una actuación de oficio, mediante la Inspección de Trabajo de Catalunya, para comprobar si Ryanair incurre en alguna vulneración de los derechos laborales en su base de Girona.
Se investigará el procedimiento establecido por la aerolínea irlandesa para las modificaciones substanciales de las condiciones de trabajo, así como la medida alternativa que propone la empresa en caso de desacuerdo con estos cambios, ha informado en un comunicado. La Conselleria ha defendido que «quiere garantizar» que la llegada y permanencia de empresas en Catalunya no se haga a costa de los derechos laborales.
Como ya informamos, Ryanair no cerrará la base en Girona pero hará recortes laborales tras alcanzar un acuerdo con los empleados para que firmaran una modificación de su contrato, pasando de fijo permanente a fijo discontinuo. Hubo una reunión a finales de noviembre y se dijo a los trabajadores que si se quería mantener la base, la mayoría de empleados debían firmar esta renovación de contrato.
En la base de Ryanair en Girona trabajan unas 164 personas —incluyendo en esta cifra las agencias Workforce y Crewlink—, y los empleados que no firmaron esta modificación del contrato, cuyo límite finalizaba el 5 de diciembre, quedaban despedidos en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la aerolínea irlandesa.
USOC criticó la modificación contractual por contener los nuevos contratos «cláusulas super abusivas», ya que, según ellos, no mantienen la antigüedad del trabajador y tampoco reconocen la categoría de tripulante de cabina, sino que se les define como agentes de servicio al cliente.