La Comisión Europea ha iniciado un profunda investigación para analizar si un préstamo de 400 millones de euros que recibió Alitalia, por parte del Gobierno Italiano, cumple con las normas europeas en materia de ayudas de Estado o si se trata una subvención ilegal.
La aerolínea italiana lleva mucho tiempo en una quiebra técnica —en concurso de acreedores—, desde la primavera de 2017. La última vez que reportó beneficios fue en 2002. Si la compañía aérea cerrara supondría un duro golpe para el país. Por eso, el Gobierno de Italia decidió actuar y cedió varios créditos, que deberían ser devueltos. Desde entonces, la compañía aérea se encuentra bajo la administración del gobierno, que trata de venderla. Han habido múltiples ofertas, pero todas pasan o por una gran cantidad de despidos o solo están dispuestos a hacerse con una pequeña parte.
El pasado diciembre, Roma otorgó a Alitalia un préstamo de cuatrocientos millones de euros para que pudiera seguir operando a la espera de encontrar un comprador que se haga cargo. Sin embargo, Bruselas ha recibido «una serie de quejas que alegan que el préstamo es una ayuda de Estado incompatible con las normas comunitarias aplicables».
Así, el Ejecutivo comunitario busca dar «claridad» con su investigación tanto a Italia como a la compañía y a todos los potenciales compradores de la misma. La apertura de las pesquisas da la oportunidad a Roma y a otras partes interesadas de trasladar sus opiniones a los servicios de competencia europeos. Bruselas, por su parte, ha asegurado que no prejuzga el resultado final de la investigación y que estará trabajando con las autoridades italianas para resolver el asunto.
Esta investigación es la segunda que abre la Comisión Europea sobre los préstamos concedidos por el Gobierno italiano a Alitalia, puesto que en abril de 2019 ya había iniciado otra para averiguar si el crédito puente de 900 millones que se había concedido a la compañía aérea previamente respetaba la legislación comunitaria.